Ocho activistas opuestos a Unión Fenosa asesinados en seis meses en Guatemala (2ª parte)

Intervención del Ejército

Santiago Gamboa
El 22 de marzo, justo el dia siguiente del asesinato de Carlos Noel Maldonado Barrios, Leandro Maldonado y Ana María Lorenzo Escobar, en la cercana aldea de Las Brisas, también en San Marcos, el activista Santiago Gamboa era asesinado por “balas del Ejército”, según el FNL. Gamboa era dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en la comunidad de Santo Domingo. Aquel día por la mañana, según el mismo comunicado, diez empleados de una subcontrata de Unión Fenosa habían acudido a desconectar el fluido eléctrico. La reacción de la comunidad fue retenerlos y denunciar el hecho a las autoridades. El Gobierno envió 250 soldados para “rescatar a las personas secuestradas por una turba”. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. Además de Gamboa, que murió en el acto, otros seis vecinos fueron alcanzados por las balas de los soldados.

El operativo del Ejército en Las Brisas fue seguido, según denuncia el FNL, por la persecución de líderes sociales: “Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión Fenosa, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la población”. La organización de derechos humanos UDEFEGUA señala la complicidad entre la multinacional, el Estado y el crimen organizado: “Es inaceptable que en pleno Estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad”.

“La Policía y el Ejército han jugado el papel de matones armados al servicio de Unión Fenosa”, sostiene Roberto Madriz, del FNL. Sin embargo, admite que hasta ahora no hay pruebas que valgan ante un tribunal: “No existe ninguna evidencia que pruebe la complicidad de Unión Fenosa en la ola de asesinatos de dirigentes que se le oponen. Pero ante la ausencia de evidencia que apunte en cualquier otra dirección, no puede tampoco descartarse como sospechosa. De hecho, no hay nadie, en absoluto, implicado como autor material o intelectual. La más absoluta impunidad rodea cada uno de estos hechos”.


Historia de una privatización
Unión Fenosa desembarca en Guatemala a raíz del proceso de privatización que se impulsó por recomendación expresa del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la década de los ‘90. Aduciendo falta de competencia en el sector, recomendaron fraccionar la generación, el transporte, la distribución y consumo final de la energía eléctrica, para que existiera competencia. Pero el resultado de dicha apertura ha sido que la distribución en el país ha quedado en manos de dos empresas españolas: Unión Fenosa e Iberdrola. Para evitar ser acusada de monopolio, Unión Fenosa creó dos empresas: DEOCSA se encargaría de la parte occidental y DEORSA de la parte oriental, cubriendo 20 de los 22 departamentos de Guatemala. En Nicaragua actuó de la misma forma creando DISNORTE y DISSUR. Coincidiendo con la entrada de las transnacionales españolas en Centroamérica, los diferentes Gobiernos españoles han utilizado créditos FAD que contabilizan en parte como Ayuda Oficial al Desarrollo para financiar infraestructuras eléctricas que han favorecido a dichas compañías.

Las organizaciones de defensa de los servicios públicos critican el carácter fraudulento de la privatización, a un valor claramente inferior al tasado. La compra contó con el visto bueno de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quienes luego fueron destituidos por la Corte Superior por abuso de poderes en el ejercicio de sus funciones.


La multinacional con sangre entra
Dentro de la dinámica de persecución sindical ejercida por Unión Fenosa, en Colombia han sido documentados hasta la fecha los asesinatos de 27 sindicalistas en el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos eléctricos en la Costa Caribe.

Por otra parte, también se tienen documentadas las muertes de 150 personas electrocutadas en Colombia por la negligente política de mantenimiento de redes de distribución eléctrica de Unión Fenosa. Por la misma razón, se tienen registrados casos en Nicaragua. Unión Fenosa no tiene la exclusividad en esta materia. En el informe de Amnistía Internacional de 2004 Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca (Colombia) se acusa a Repsol-YPF y a la empresa estadounidense Oxy de no respetar los derechos humanos, al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejército colombiano “con vínculos probados” con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca, la región más militarizada de Colombia, donde se cometen “abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla”. Estos hechos fueron suficientemente documentados en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos: Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 2006 – 2008 y en la sesión de Lima en mayo de 2008.

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  • "Si sientes el dolor de los demás como tu dolor, si la injusticia en el cuerpo del oprimido fuere la injusticia que hiere tu propia piel, si la lágrima que cae del rostro desesperado fuere la lágrima que también tú derramas, si el sueño de los desheredados de esta sociedad cruel y sin piedad fuere tu sueño de una tierra prometida, entonces serás un revolucionario, habrás vivido la solidaridad esencial".
  • "Paz en todos los hogares. Paz en la tierra, en los cielos, bajo el mar, sobre los mares." Rafael Alberti.
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